El Gobierno renuncia a interferir en las actas de las inspecciones fiscales, de P. González en Expansión

Retira de la norma que regula los procedimientos tributarios un artículo que había puesto en pie de guerra a los inspectores de Hacienda, y que abría la puerta para intervenir en asuntos como el de las sicav.

Los inspectores de Hacienda han logrado una pequeña victoria sobre el Gobierno, que proyectaba una reforma normativa con el fin de establecer una comisión consultiva que decidiría sobre las actas fiscales “de especial complejidad”.

Los inspectores denunciaron que el funcionamiento de tal comisión (incluida en el nuevo Reglamento de Aplicación de los Tributos) podría acabar suponiendo una vía para que el poder político pudiera intervenir “en casos delicados”. Finalmente, el artículo que regulaba el funcionamiento de tal comisión se ha eliminado del texto que verá la luz en el BOE en los próximos días.

Los inspectores fiscales temían que, con el cambio normativo inicialmente proyectado, se generalizasen situaciones similares a lo que ocurrió con las sicav hace un par de años. Entonces, el Parlamento dio amparo a las sociedades para frenar, a través de una reforma legislativa aprobada en verano, la oleada de inspecciones que la Agencia Tributaria había abierto hasta ese momento contra tales instrumentos de inversión

La proyectada comisión consultiva suponía, para este colectivo de funcionarios de Hacienda, un “brutal ataque a la profesionalidad e independencia” de la Inspección.

El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado, José María Peláez, denunció en este periódico la “incongruencia” del Gobierno, que trataba de introducir un mecanismo para “atar las manos” de los funcionarios en la lucha contra el fraude, mientras el BOE publicaba normas que permitían el funcionamiento sin ninguna traba de instrumentos como los fondos de alto riesgo, cuyas inversiones se canalizan, en muchos casos, a través de paraísos fiscales –ver EXPANSIÓN del pasado 28 de junio- .

Las protestas y los argumentos de los inspectores tuvieron eco en el Consejo de Estado. El dictamen de este organismo sobre el Reglamento de Aplicación de los Tributos criticó severamente el artículo referido a tal comisión consultiva, hasta el punto de que su posición en contra ha sido al final determinante para que el Gobierno diera marcha atrás en sus pretensiones.

El Consejo de Estado, en su informe, explica que la citada comisión aparece recogida en la Ley General Tributaria (la norma marco que regula los trámites y procedimientos fiscales), pero como un órgano pensado solo para emitir su opinión en casos muy concretos, los llamados “conflictos en la aplicación de la norma” (un nuevo concepto que amplía lo que antes se consideraba como fraude de ley).

Por eso, califica de “exceso reglamentario” la pretensión del Gobierno tanto de introducir un nuevo trámite en el procedimiento de inspección “no previsto en la ley”, como de atribuir a tal comisión “funciones extrañas a aquellas para las que fue legalmente creada”.

Además, el Consejo admite que la influencia de tal organismo en el resultado de las actas de inspección podría haber sido “importante”. Por eso, “debería eliminarse”, dice el dictamen. Y así, en el Reglamento de Aplicación de los Tributos que esta semana, previsiblemente, publicará el BOE ya no aparece tal comisión consultiva.

La asociación de inspectores de Hacienda había trasladado su rechazo más absoluto a la medida proyectada en sendos escritos remitidos al vicepresidente Económico, Pedro Solbes, y al propio jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero.

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